(De Antonio Lizzano)
Multiplicación de cámaras y drones en la Ciudad de Buenos Aires. Los
negocios detrás del miedo a la inseguridad. El control anónimo central. Las
libertades individuales.
El panóptico es una
construcción cuyo diseño permite observar la totalidad de su interior desde un
único punto. Por lo tanto, ese tipo de estructuras facilitan el control de los
habitantes que se hallan dentro.
El filósofo británico
Jeremy Bentham fue el creador de este diseño. Bentham imaginó una cárcel en la
que todos los presos están bajo el campo de visión de un vigilante, que los
observa desde una torre en el centro de la construcción, sin que ellos sepan si
son observados en todo momento. La estratégica ubicación de la torre le permite
al vigilante controlar a todos los presos.
Otro filósofo, el francés
Michael Foucault, fue un paso más allá al analizar el panóptico. Y extendió el
concepto de las cárceles a otras instituciones, como las escuelas y las
industrias. De esta manera, el panóptico se convirtió en una técnica de control
social.
En la actualidad, la
multiplicación de cámaras de seguridad -que se extiende hasta la utilización de
drones- es el mejor ejemplo de lo que es una sociedad completamente vigilada.
Donde la libertad individual se ve permanentemente amenazada en pro de una
mejora en la seguridad pública, que rara vez se comprueba en los hechos. Sin
embargo, los políticos afirman que las cámaras mejoran la seguridad ciudadana.
Si a este panorama, donde
el ciudadano se encuentra en constante vigilancia, se le suma el negocio
millonario de la compra e instalación de las cámaras, la situación empeora. En la Ciudad de Buenos Aires,
desde el gobierno de Mauricio Macri se impulsó la instalación de cámaras de
video en pro de una mejora en la seguridad, algo que en los hechos no sucedió.
Y se terminó beneficiando a empresas que se quedaron con el negocio. Si además,
se agrega el dato de que el Gobierno no cumple con el requisito de que la
ubicación de las cámaras debe ser una información pública, claramente se está
ante un problema grave. Ya que si no se informa donde están las cámaras, se
pone en duda el beneficio en materia de seguridad quie prestan.
Pero el rompecabezas
necesita ser reconstruido pieza por pieza.
LAS CÁMARAS: EL OJO MOCHO
“La efectividad de la
videovigilancia está en discusión a nivel internacional porque son muy
difíciles de evaluar. Las tecnologías de vigilancia son consideradas más
efectivas cuanto menos complejos sean los escenarios de aplicación. Por
ejemplo: los aeropuertos, las estaciones de tren y los estacionamientos de
autos, son escenarios complejos. La principal utilidad es entonces la de
disuadir e investigar lo ya ocurrido. Por eso hay que desconfiar del que
presenta a las cámaras como una solución mágica”, le dijo el sociólogo y
miembro de la
Asociación Pensamiento Penal y del equipo Verde al Sur,
Andrés Pérez Esquivel a Periódico VAS al analizar el tema en la Ciudad de Buenos Aires.
El especialista arroja la
primera piedra y pone en duda la supuesta ventaja que los políticos esgrimen
para colocar cada vez más cámaras.
“El Gobierno de la Ciudad dice que instaló
2.000 cámaras, para lo cual ya gastó 250 millones de pesos, y ahora quiere
gastar 150 millones más. Vender cámaras a 200 mil pesos cada una es sin duda un
negocio muy rentable para una empresa, de hecho cuestan más que un dron
importado, que es de tecnología robótica avanzada. El negocio ha llegado tan
lejos que ahora usan el Obelisco como cartel publicitario de esa empresa.
Porque le han instalado cuatro cámaras en la cúspide a pesar de que abajo ya
tiene cinco. Esto le permite a la empresa decir en el exterior que en Argentina
es líder”, detalla Pérez Esquivel para echar luz sobre el negocio que esconde
la video-vigilancia.
“Lo peor de todo es que
ni siquiera sabemos si efectivamente son 2.000, porque se niegan a entregar el
listado completo de la ubicación de las cámaras a la Legislatura , a la Defensoría del Pueblo y
a la Auditoría
General. Y han incumplido los plazos que les dio la justicia
para informar cuántas cámaras privadas han incorporado a la red pública”,
señaló el integrante de la Asociación Pensamiento Penal.
EL NEGOCIO DEL MIEDO
Las cámaras de seguridad
se comenzaron a instalar en la
Ciudad en el 2009. Entre agosto de ese año y julio 2010 se
realizaron cinco contrataciones directas a la empresa Codesur. En un principio
se informó que instalarían 300 cámaras, número que luego iría en aumento. Pese
a esto, en enero de 2010 se empezó a trabajar en una licitación para un nuevo
contrato. Dos empresas picaron en punta: Global View y Cablevisión. Sin
embargo, cuando se realizó la evaluación económica y pese a que la oferta de
Cablevisión era más barata, “detalles técnicos” la dejaron afuera de la licitación
y Global View terminó adjudicándose el pliego. Uno de los dueños de esta
empresa era Mario Montoto, quien también tenía acciones en Codesur.
Lo llamativo del caso, es
que el Gobierno porteño terminó comprando 2000 cámaras por un valor de 250
millones de pesos, o sea que por cada una se pagaron 125 mil pesos, lo que
según los especialistas en el tema, “es una barbaridad”, teniendo como
referencia los precios del mercado. El partido de La Matanza pagó entre 11 mil
pesos y 22 mil pesos cada cámara (según sea fija o móvil).
Alejandro Fabri es
ingeniero industrial, filósofo y asesor asociado de la empresa proveedora de
geoinformación Genmap. Según su criterio, existe un monopolio de empresas que
venden este tipo de tecnologías a los gobiernos, augurándoles una disminución
de la inseguridad, que les traerá aparejado réditos electorales a corto plazo.
“El problema de las cámaras es que ponen en juego la libertad y la seguridad al
mismo tiempo. Si se ponen cámaras de seguridad en todas las esquinas de la Ciudad es probable que haya
mayor seguridad pero también se verán reducidas las libertades individuales.
El filósofo e ingeniero
industrial fue un pasó adelante y planteó lo siguiente: “El actual uso de las
videocámaras es un claro ejemplo de la no neutralidad de la tecnología. Porque
al diseñarlas se manifiesta una relación de poder. Por eso, para superar esa
lógica es necesario democratizar la manera en que son usadas. Democratizar
significa abrir el debate con la gente para que así, el Gobierno decida junto a
los ciudadanos en que puntos de la
Ciudad las ubica y qué se hace con la información que se
obtiene de las filmaciones”, señaló a Periódico VAS. “El gobierno de la Ciudad no está
democratizando el uso de las cámaras sino que las está manejando de una manera
autoritaria. De esa manera le agrega un valor negativo a las cámaras, que es la
ausencia de democracia en su uso”, agregó Fabri.
LAS MENTIRAS QUE SIRVEN
PARA VIGILAR Y CASTIGAR
El lunes 9 de junio el
juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad , Darío Reynoso, dio
a conocer un fallo de 15 páginas en el que le ordenó al Gobierno de Mauricio
Macri, que brinde en un plazo de 30 días “la información sobre la ubicación
física de las cámaras de video vigilancia privadas incorporadas a la red
pública” y además, le exigió publicar el mapa de cámaras de la Capital Federal ,
por ser una “información calificada que, por su vital importancia, no sólo debe
estar disponible para quien la solicite, sino que el Estado la debe ofrecer y
publicar permanentemente actualizada”.
A pesar de los meses que
pasaron de esta sentencia la ubicación de las cámaras sigue siendo un misterio.
“El Gobierno tenía un sitio web desactualizado e impreciso con la ubicación de
sus cámaras. Por eso realicé un pedido de acceso a información en base a la Ley 104. La respuesta que
recibí es que el registro de cámaras tenía carácter confidencial, y a los pocos
días dieron de baja el sitio web”, expresó Pérez Esquivel.
Para Fabri, la
instalación creciente de cámaras de seguridad se inscribe dentro de la lógica
de un Estado cada vez más controlador de sus propios ciudadanos. Por eso los
datos sobre la ubicación de las cámaras son secretos.
“El Estado moderno de
derecho que conocemos hoy, nace con un poder coercitivo. Y no se puede tener
ese poder sin un poder de policía. Esa policía -que es una fuerza coercitiva-
es la encargada de hacer cumplir las leyes. El Estado construye una libertad
social que está acotada y por consiguiente no es una libertad absoluta. Por eso
libertad y seguridad son complementarias. La construcción da como resultado que
a mayor seguridad haya menos libertad. Una comunidad totalmente segura es una
comunidad en donde las libertades individuales son nulas”, manifestó Alejandro
Fabri.
“Con la irrupción de la
sociedad de masas nace un desarrollo tecnológico que en muchos casos se utiliza
como un nuevo poder de policía, más eficaz y controlador, sobre esa misma
sociedad de masas”, agregó.
El escritor mexicano
Octavio Paz dijo que “las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas
venas ha sido inyectado el veneno del miedo”. En el caso de las cámaras de
seguridad se comprueba esta afirmación con una contundencia que asusta.
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Imagen: “Panóptico”. ( Ilustración
sin mención de autor).
Ilustración y nota tomadas
del periódico VAS –prensa alternativa porteña- publicadas el 26 d noviembre de 2014.